La iniciativa que contempla la renegociación de la deuda sumó 245 votos positivos, tres negativos y una abstención.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional, que contempla la refinanciación de las deudas que las provincias tienen con la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

El tratamiento del proyecto se realizó en medio de una sesión especial, que estuvo enmarcada por la suspensión del diputado del Frente de Todos Juan Ameri por “conducta inapropiada” debido a que apareció en la pantalla de su conexión virtual en una situación íntima con una mujer.

Las alternativas del debate del proyecto finalmente aprobado fueron seguidas por la directora general de la Anses Fernanda Raverta, y el titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Lisandro Cleri, desde los palcos del recinto de la Cámara de Diputados en el edificio del Congreso.

La iniciativa que fue girada al Senado se aprobó por 245 votos a favor que fueron aportados por los bloques del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino, mientras que la bancada de izquierda sumó tres votos en contra del proyecto.

Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la ley de Reparación Histórica para evitar que para pagar el retroactivo se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del tesoro nacional.

Al abrir el debate en nombre de la mayoría, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (Frente de Todos), destacó “el amplio acuerdo” logrado entre las fuerzas políticas sobre las deudas entre las provincias y Anses, y sobre el cambio de financiamiento para pagar retroactivos establecidos en la ley de la Reparación Histórica.

“Venimos a restituir la situación original ya que se garantiza que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad será el garante de todo el sistema previsional y no solo para las personas que tienen que cobrar la reparación histórica”, dijo Heller.

También recalcó que con la nueva norma se eliminará “la posibilidad de vender activos (del FGS) para que no se destruya ese patrimonio que es un garante permanente del conjunto del sistema previsional”.

En tanto, el presidente de la comisión de Previsión y Seguridad Social Marcelo Casaretto dijo que “el pago de la reparación histórica está garantizada”, destacó el trabajo que realiza la comisión mixta de movilidad previsional, y dijo que “en las próximas semanas se comenzará a discutir la nueva movilidad”.

El radical Luis Pastori dijo que con esta ley “se resuelve que durante 90 días se renegocien los contratos entre Nación y provincias, donde el monto del acuerdo sea la suma de las amortizaciones del capital y los intereses devengados, proporcionales, a la fecha de refinanciamiento de cada amortización, correspondiente a los años 2020 y 2021, es decir que comprende los préstamos de 2016 y 2017”.

En tanto, el diputado de izquierda Nicolás del Caño explicó los motivos por el cual presentó un dictamen de minoría y volvió a insistir en la necesidad de que la Anses sea “administrada por los trabajadores y los jubilados y pensionados que son sus verdaderos dueños”.

El presidente del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, dijo que “los préstamos de Anses no pueden tener capitalización de intereses, ni habilitar la vía ejecutiva, ni permitir las notificaciones por medio de internet. Lo hemos dicho en reiteradas veces, menos del 50% de los adultos mayores tienen acceso a internet”.

El dictamen establece que habrá un plazo de ocho meses para negociar los préstamos entre las provincias y la Anses, que se cancelarán con un bono donde se definirán los vencimientos y en el que se tendrá en cuenta la suma del capital adeudado e intereses devengados y exigibles a la fecha de suscribirse el acuerdo de refinanciación.

Se determinó que la deuda en concepto de capital se cancele íntegramente al vencimiento mientras que los intereses se pagarán con una tasa de interés de 1 por ciento anual y se calcularán sobre el capital, que será ajustado con la tasa que rige para los plazos fijos, en lugar del CER como se había establecido en el proyecto original del Gobierno.

También introduce cambios en el mecanismo de financiamiento del pago de la Reparación Histórica a jubilados sancionado durante el gobierno de Cambiemos, para evitar la venta de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

En ese sentido, el dictamen de mayoría fija que no se podrán vender activos del FGS para financiar el pago de los retroactivos de jubilaciones prevista en la ley de Reparación Histórica aprobada en la administración de Mauricio Macri, que ahora deberán ser abonados con fondos propios de Anses y del Tesoro nacional.

Además se establece que el FGS deberá priorizar aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional.

Con respecto a los créditos otorgados a jubilados, el proyecto determina que la Anses no podrá realizar una capitalización de intereses en los préstamos vigentes cuyos cobros hayan sido suspendidos a partir del 1º de enero de 2020.

También establece que la reanudación del cobro de las cuotas se hará desde la cuota siguiente que correspondía abonar al tomador del crédito cuando quedó suspendido el pago, respetando las condiciones financieras originales en las que el crédito fue otorgado, con las modificaciones acordadas que hubieran favorecido al deudor.

Por otro lado se crea el Fondo Fiduciario Público ” Programa de Inversiones Estratégicas” que tendrá como meta invertir en sectores estratégicos del Estado para generar empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real.