Votarían esta mañana. Será por capítulos. Opositores dialoguistas objetan la delegación de facultades, restitución de Ganancias, incentivo a grandes inversiones y reforma laboral, entre otros puntos.

Después de varias rondas de tires y aflojes en la negociación del texto de la Ley Bases, el oficialismo llegó este lunes al inicio de la sesión especial con la certeza de que tiene los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el 3 del capítulo de Reforma del Estado.

También pende de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias, reforma que está enmarcada en la Ley de Medidas Fiscales, que se debate de forma conjunta con la ley ómnibus.

Esta situación de incertidumbre remueve viejos fantasmas, con el antecedente aún fresco de lo que sucedió en febrero pasado, cuando, producto de la caída de algunos incisos de la reforma del Estado, el presidente Javier Milei ordenó la vuelta a comisión del dictamen y el debate volvió a foja cero.

¿Podría repetirse ese escenario tan temido por el oficialismo? Es menos probable, ya que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas. Sin embargo, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como «la inestabilidad emocional» del presidente.

Temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero, aniquilando la discusión por segunda vez.

«Hagan lo que quieran con la Ley Bases. Vamos a lograr todo a pesar a la política», dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.

El oficialismo en el recinto logró su primera victoria al lograr que la votación sea por capítulos y no de forma nominal, como pretendía el Gobierno nacional, y con la oposición del kirchnerismo, la izquierda y parte del radicalismo.

Con la Ley Bases, de aprobarse, el Gobierno tendrá facultades para ordenar e incluso suprimir un amplio listado de organismos públicos y someter a privatización a una decena de empresas del Estado; también se asegurará el control de los millonarios fondos fiduciarios y, en una señal a los grandes sectores empresarios y corporaciones, habilitará un régimen para grandes inversiones (RIGI), aunque para unos pocos: sólo aquéllos que presenten proyectos superiores a los U$S 200 millones.

Además, incluyó una módica reforma laboral, que deliberadamente excluyó los aspectos más espinosos para la CGT, pero que incorpora las demandas de las pymes para una mayor flexibilidad en la contratación de empleo en blanco.

Los artículos en riesgo

Según pudo constatar Noticias Argentinas a partir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo 3 del título Reforma del Estado está en riesgo, porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF).

En este último bloque, los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.

Este artículo aborda la delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional «a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada» ya sea «la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades», o «la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

Asimismo, excluye del alcance a «las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan».

Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud «Dr. Carlos G. Malbrán» (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Un sector del radicalismo, que responde al diputado Facundo Manes y al senador Martín Lousteau, piensa darle la espalda a esta facultad delegada para disponer sobre organismos públicos, más allá de las excepciones puntualizadas.

En Hacemos Coalición Federal, también hay resistencias internas de algunos sectores.

En cuanto al paquete fiscal, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias está en duda.

El mínimo no imponible fijado por el Gobierno en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros no conforma a sectores de la oposición dialoguista.

Votación en general

Para la votación en general, no hay mayores complicaciones a priori.

A los 38 votos propios de La Libertad Avanza, hay que sumarle los 37 del PRO, los tres del MID, los dos de Buenos Aires Libre, los ocho de Innovación Federal y los tres del bloque Independencia, que responde al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

La UCR tiene asegurados los votos a favor de unos 19 de los 35 diputados, pero probablemente haya más adhesiones.

Posiblemente, los diputados que responden a Manes voten en contra (no votaron ningún dictamen en el plenario de comisiones), pero no así los que reportan a Lousteau, que se inclinan por acompañar.

En Hacemos Coalición Federal, de los 22, hay una mayoría que levantará la mano. En contra, solamente votarían los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Esteban Paulón; De la Sota y hay dudas sobre lo que hará Brügge.

Stolbizer, en cambio, confirmó al comenzar la sesión que votará a favor de la Ley Bases en general.

En el bloque Por Santa Cruz, que responde al gobernador Claudio Vidal, hay dudas, pero posiblemente se repita la misma votación de «equilibrio» que en febrero, cuando Sergio Acevedo votó en contra y José Luis Garrido, a favor.

En rechazo a la Ley Bases, votarán los 99 de Unión por la Patria, los cinco del Frente de Izquierda, los tres o cuatro de Hacemos Coalición Federal, un puñado de radicales y algunos diputados sueltos más. No les alcanzará para frustrar la aprobación en general de la iniciativa.

Las concesiones

Reforma laboral

El oficialismo acordó introducir una reforma acotada que contempla, entre sus ejes centrales, la eliminación de las multas por trabajo mal registrado; la creación de un fondo de cese laboral para el pago de indemnizaciones (a acordarse entre las partes en convenios colectivos) y la extensión del período de prueba a seis u ocho meses según el tamaño de la empresa, plazo que podría extenderse en algunos casos a un año.

Privatizaciones

De las 41 empresas a ser sujetas de privatización en el proyecto original de la Ley Bases, quedó sólo una decena. 

Fue excluida del listado el Banco Nación y sus empresas subsidiarias por presión opositora.

Se eliminó un artículo que le otorgaba al PEN amplias facultades en materia de desregulación económica y disponer la derogación o modificación de leyes que, de forma manifiesta generen distorsiones en los precios de mercado, un sobrecosto en el sector regulado o la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente.

A la eliminación de la moratoria previsional, contemplada en la nueva versión de la Ley de Bases, se accedió incorporar una Prestación Previsional Proporcional en función de los aportes realizados por los trabajadores que no cumplieron con los 30 años que exige la ley.

Se acortó el margen de acción del PEN sobre los fondos fiduciarios. Si dispusiera la eliminación de aquéllos que son financiados por una asignación específica de un impuesto coparticipable. Esos recursos vuelvan a la masa de coparticipación. Además, los patagónicos lograron mantener como programa el fondo fiduciario de zona fría para garantizar la continuidad de la tarifa diferenciada de gas en la Patagonia.

Organismos públicos a ser disueltos

La oposición logró ampliar el listado a varias entidades públicas originalmente no incluidas, entre ellas el Conicet, la Anmat, el Incaa, el Incucai y la CNEA, entre otros.

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