Pocas semanas después de la muerte de Hugo Chávez en 2013, Venezuela vivió una incierta elección presidencial en la que Nicolás Maduro, sucesor del fallecido mandatario, se impuso al opositor Henrique Capriles por unos pocos miles de votos.

Este domingo, 11 años después, de nuevo la oposición acude unida a unas presidenciales en las que, pese a los obstáculos, podría derrotar al chavismo, algo a lo que renunció en las elecciones de 2018 por considerar que no había condiciones justas para una elección competitiva.

Los comicios en los que el actual mandatario Nicolás Maduro competirá con Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria -que agrupa a los partidos opositores de mayor peso-, son los primeros ocurridos en el último cuarto de siglo en los que la oposición goza de una evidente ventaja en las encuestas.

“Esta es la elección más compleja que ha enfrentado el chavismo y la mejor que ha enfrentado la oposición en términos de su capacidad de obtener un resultado favorable, fundamentalmente debido al alto nivel de deseo de cambio y de apoyo al candidato opositor”, dice Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis.

“Este es el momento donde hay mayor fuerza de preferencia opositora de cualquier evento presidencial en 25 años de revolución (bolivariana), o sea, es la mejor posición que la oposición ha tenido y el riesgo más alto que el gobierno ha enfrentado”, agrega.

Aunque durante meses numerosas encuestas independientes han otorgado una ventaja de más de 20 puntos a González Urrutia y han indicado un marcado rechazo hacia la reelección de Maduro, desgastado por la larga crisis del país, los analistas advierten que los resultados están lejos de estar garantizados.

¿Por qué? En primer lugar, por los obstáculos que han enfrentado los opositores.

Las denuncias

Desde 2023, cuando se realizó la elección primaria para escoger al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria, la oposición viene acusando al oficialismo de actuar con ventajismo de cara a estos comicios.

La principal queja se refiere a la inhabilitación política de María Corina Machado, a quien, pese a haber ganado con una votación abrumadora las primarias de la oposición, no se le permitió inscribir su candidatura presidencial debido a una sanción administrativa de la Contraloría General de la República.

Más allá de rechazar que Machado realmente haya incurrido en alguna falta, la oposición ha recordado que -según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- la inhabilitación de candidatos solo debe imponerse tras una condena judicial en un proceso penal y no por un procedimiento administrativo.

Esa medida fue anunciada en junio de 2023 por el entonces contralor general de la República, Elvis Amoroso, quien actualmente preside el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha sido diputado a la Asamblea Nacional por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ante la imposibilidad de inscribir la candidatura de Machado y de la suplente que esta eligió -la profesora universitaria Corina Yoris-, la Plataforma Unitaria terminó postulando a González Urrutia, un diplomático retirado de 74 años que hasta hace meses era desconocido para la mayor parte de los ciudadanos, pero cuya postulación rápidamente escaló en las encuestas.

La oposición ha acusado a los cuerpos de seguridad y de otras instituciones del Estado de someterla a un acoso sistemático con miras a dificultar los actos de campaña de Machado, González Urrutia y de otros dirigentes.

En lo que va de año y hasta el pasado 16 de julio se habían registrado en Venezuela 102 detenciones de personas vinculadas con la oposición, de las cuales 77 ocurrieron desde el inicio formal en julio de la campaña, de acuerdo con la ONG Foro Penal.

A esa lista hay que sumarle el nombre de Milciades Ávila, jefe de seguridad de Machado, que fue detenido el 17 de julio y liberado bajo condiciones al día siguiente.

Muchos de los detenidos son coordinadores de comandos de campaña de la oposición en distintos estados del país, dirigentes o simpatizantes de los partidos de la Plataforma Unitaria.

Adicionalmente, hay seis colaboradores cercanos de Machado refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, de donde no han podido salir debido a que el gobierno venezolano los acusa de estar vinculados con planes desestabilizadores.

La oposición también ha denunciado que otras instituciones del Estado -como el ente recaudador de impuestos, Seniat- han sancionado a hoteles y restaurantes que han prestado servicios a los equipos de campaña de la oposición.

El gobierno de Maduro asegura que estas decisiones son respetuosas de la ley y niega que se trate de represalias políticas.

Una elección «semicompetitiva»

En el terreno directamente electoral, la oposición ha denunciado que el CNE impuso un calendario muy ajustado y un conjunto de restricciones indebidas para impedir que los venezolanos en el extranjero puedan votar.

No es un detalle menor. De los más de 7,7 millones de venezolanos fuera del país, solamente hay 69.189 inscritos para votar, de acuerdo con datos del Registro Electoral Preliminar citados por el sitio especializado en elecciones Votoscopio.

Es una cifra ínfima si se considera que en el extranjero hay entre 3,5 millones y 5,5 millones de venezolanos en edad de votar, de acuerdo con diversos expertos.

Una parte de estos venezolanos, como los residentes en Estados Unidos o en Ecuador, no podrán votar porque los consulados en esos países están cerrados.

Otros, sin embargo, no lograron inscribirse o actualizar su registro en los consulados de los países donde viven debido al calendario restringido impuesto por el CNE o porque la ley electoral aprobada bajo el chavismo exige requisitos difíciles de cumplir por la reciente diáspora, como la posesión de un permiso de residencia o de un pasaporte venezolano vigente.

Esta limitación al voto en el extranjero es vista como un mecanismo aplicado por las autoridades para reducir indirectamente los votos de la oposición que históricamente es favorecida de forma abrumadora por los venezolanos fuera del país.

La oposición también se ha quejado de que solo dos de los partidos que forman parte de la Plataforma Unitaria fueron habilitados para postular candidatos en el tarjetón. Así, el rostro de González Urrutia solamente aparecerá tres veces (incluyendo la tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática, la alianza opositora que precedió a la PU), mientras que el de Maduro está en 13 tarjetas.

Además, cuestionó que el CNE retirara la invitación a la misión de observación electoral de la Unión Europea, medida que en su opinión resta credibilidad y transparencia a los comicios.

El expresidente de Argentina Alberto Fernández también dijo que ya no asistiría como veedor de los comicios, pues el gobierno venezolano le indicó su deseo de que no lo hiciera después de que Fernández se hizo eco de una frase del mandatario de Brasil, Lula da Silva, quien dijo que si Maduro era derrotado en las urnas, debía aceptar su derrota.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil también canceló el envío de una misión de observación electoral luego de que Maduro cuestionara la fiabilidad del sistema de votación brasileño.

Este conjunto de restricciones hacen que las presidenciales en Venezuela sean catalogadas por Luis Vicente León como “elecciones semicompetitivas”.

“Es una elección donde el gobierno tiene ventajas en términos de control institucional, de recursos, de comunicación, de movilización. En Venezuela no tienes una elección transparente y competitiva, lo que tienes es una elección donde hay niveles suficientes de competitividad que han hecho que la oposición decida participar a pesar de las dificultades”, comenta.

El experto compara este proceso con un juego deportivo en el que el gobierno ya tiene anotados a su favor algunos puntos antes de que el partido comience, pero al que la oposición ha decidido acudir de todas formas porque cree tener fuerza suficiente para superar esa desventaja.

Esa disposición a participar “a pesar de las barreras o de la cancha inclinada” es, junto al deseo de cambio de los ciudadanos, lo que diferencia estas elecciones de comicios anteriores como los de 2018, en los que la oposición no quiso participar por no considerarlos competitivos.

Jesús Seguías, consultor político y experto en gerencia de crisis, coincide en señalar en que las dificultades que enfrenta la oposición ahora son similares a las que hubo en el pasado.

“En este momento, hay los mismos obstáculos de las presidenciales de 2018 [en las que la oposición se abstuvo] y que en las parlamentarias de 2015. En esa ocasión, con una autoridad electoral controlada totalmente por el gobierno, inhabilitaron a varios partidos y candidatos de la oposición, usaron los poderes del Estado e hicieron lo impensable, pese a lo cual la oposición arrasó en las votaciones”, dice Seguías a BBC Mundo.

“Los obstáculos han existido siempre”, agrega.

Lo que se juega el chavismo

Durante el último cuarto de siglo, el chavismo ha controlado prácticamente todas las palancas institucionales en Venezuela.

La gran excepción ocurrió con la victoria de la oposición en las parlamentaria de 2015 y, entonces, esa Asamblea Nacional fue vaciada de poder por decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, formada por jueces nombrados por el oficialismo, y por la elección de una Asamblea Constituyente chavista.

De resto, los espacios controlados por la oposición han estado limitados a un puñado de gobernaciones y a una parte minoritaria de las alcaldías.

Nada de esto es comparable con lo que está en juego este 28 de julio: el Poder Ejecutivo en un país con vocación presidencialista.

Y en el caso del oficialismo venezolano arriesga mucho más: la continuidad de un proyecto político.

Así lo ha promovido Maduro, quien este jueves presentó la última actualización del llamado «Plan de la Patria», el nombre que Chávez le daba a su programa de gobierno.

Pese a haber ganado decenas de elecciones en estos 25 años, el proyecto chavista ha sido construido sobre la base del rechazo a la alternancia política y con vocación de permanencia, como deja claro uno de sus lemas: «No volverán».

En el caso de Maduro y otros altos jerarcas como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, o de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del partido oficialista PSUV, entregar el poder tiene la dificultad añadida de que les dejaría expuestos a una serie de investigaciones y sanciones internacionales.

Algunas de estas sanciones podrían ser levantadas sin dificultad, pues fueron impuestas precisamente para presionar por un proceso electoral competitivo en Venezuela.

Esa posibilidad de olvido, sin embargo, no está tan clara en el caso de las investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos, como la que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra Venezuela, aunque en esta -hasta ahora- no hay ninguna persona en particular que haya sido señalada hasta ahora.

Fuente: BBC