Al menos 39 migrantes de Centroamérica y Sudamérica, la mayoría de Guatemala, murieron en un incendio en un centro de detención en una ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos, en un suceso que según el Gobierno inició por una protesta de los detenidos.

El Instituto Nacional de Migración (INM) dijo el martes que había 68 hombres alojados en la instalación en Ciudad Juárez -ubicada frente a El Paso, Texas- y que 29 de ellos también resultaron heridos en el incendio, que estalló el lunes por la noche, y fueron llevados a cuatro hospitales en el área.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó en un comunicado que entre los muertos hay 28 ciudadanos de esa nación.

La portavoz de la cancillería guatemalteca, Karla Samayoa, dijo a Reuters que, según información del cónsul de la nación centroamericana en México, los connacionales fallecidos fueron entrevistados el lunes, como paso previo a ser retornados a su país.

Más tarde, el canciller Mario Búcaro explicó a la prensa que la mayoría de los guatemaltecos fallecidos procedían de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango, cerca de la frontera con México. Entre ellos no hay ni mujeres ni menores de edad, añadió.

En el lugar del incendio había también unos 13 migrantes de Honduras, dijo un funcionario de alto nivel de la cancillería hondureña. Hasta ahora no tienen información de que alguno falleciera o resultara herido, agregó.

En un comunicado, la Fiscalía General mexicana (FGR) señaló que, según el INM, «los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades: un colombiano, un ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos».

La dependencia, que no especificó cuántos de esos habrían perecido o sobrevivido, explicó que dos de las víctimas mortales fallecieron en hospitales y que los 29 heridos se encuentran «graves». Un testigo de Reuters vio cuerpos alineados en bolsas para cadáveres y confirmó que el fuego había sido extinguido.

«Estoy desde la una de la tarde esperando al papá de mis hijos y cuando hicieron las 10 (de la noche) empezó a salir humo por todos lados», narró Viangly Infante, de 31 años, de nacionalidad venezolana.

Su esposo, Eduard Caraballo, de 27 años, estaba en una de las celdas de detención dentro de las instalaciones cuando comenzó el incendio y sobrevivió rociándose con agua y presionándose contra una puerta, dijo Infante, quien agregó que vio muchos cadáveres tirados en el suelo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el incidente se originó cuando algunos migrantes recluidos protestaron quemando colchones en la puerta del recinto. El Gobierno supone que la acción fue motivada porque se enteraron de que iban a ser «deportados, movilizados», puntualizó.

«No imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia», agregó el martes en su conferencia de prensa matutina. Otras versiones de medios locales señalaron que los migrantes protestaban porque tenían sed y no les proporcionaban agua.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México informó en un comunicado que «inició una investigación exhaustiva sobre los hechos acontecidos, así como sobre las condiciones en que se encontraban las instalaciones del INM en que se suscitó el siniestro y los protocolos activados ante la emergencia».

Por su parte, la portavoz de la ONU, Stephane Dujarric, pidió en un comunicado una «investigación exhaustiva del trágico suceso», a la par que lamentó lo ocurrido y trasladó su pésame a las familias afectadas.

La FGR dijo que inició diligencias sobre el caso y desplazó a su personal a la zona, mientras continúa sin esclarecerse el motivo que originó el incidente y por qué no pudieron sacar a tiempo a los migrantes tras el incendio.

«AHORITA TE LO SUELTO»

En las últimas semanas se ha visto una acumulación de migrantes en las ciudades fronterizas mexicanas a medida que las autoridades intentan procesar las solicitudes de asilo utilizando una nueva aplicación del Gobierno de Estados Unidos conocida como CBP One.

Muchos migrantes sienten que el proceso está tomando demasiado tiempo y, a principios de mes, cientos de ellos, en su mayoría venezolanos, se pelearon con funcionarios estadounidenses en la frontera, frustrados por las dificultades por asegurar las citas de asilo.

La venezolana Viangly Infante dijo que su familia había logrado una cita a través de la aplicación CBP One, pero el lunes por la tarde detuvieron a su marido, quien se encuentra en un hospital local tras sobrevivir al humo y el fuego.

Las autoridades migratorias le dijeron que para liberarlo, debía tener en papel un documento que había subido a la plataforma en formato digital. «Pero si lo tiene impreso, ¿por qué lo detienen?», consultó.

«Ahorita te lo suelto», le indicaron varias veces más tarde, pero nunca lo hicieron, denunció Infante, madre de tres menores -de uno, 12 y 13 años-. La migrante sudamericana relató que la familia salió de Venezuela «por la situación económica, la delincuencia y porque no hay estudios» para sus hijos.

En la mañana del martes, amigos y familiares de las víctimas, así como defensores de los derechos de los migrantes, se acercaron al lugar para dejar flores y mostrar su solidaridad.

La migrante venezolana Helery Medina relató que tenía a dos amigos dentro de la estación migratoria y no sabía qué había pasado con ellos ni cómo se desarrolló el incidente. «Queremos realmente que nos hagan saber qué fue lo que pasó», manifestó.

El obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres, también reclamó que se aclare lo sucedido. «Esta terrible tragedia exige de las autoridades correspondientes, el esclarecimiento de lo sucedido y las acciones pertinentes para garantizar la seguridad de los hermanos migrantes», demandó en un comunicado.

El incendio, uno de los más mortíferos de su tipo en el país en los últimos años, ocurre mientras Estados Unidos y México luchan para hacer frente a niveles récord de cruces en su frontera compartida.

En diciembre de 2021, al menos 55 personas murieron y decenas resultaron heridas cuando un camión repleto de migrantes volcó en Chiapas, un estado fronterizo en el sur de México. En 2010, 72 migrantes fueron masacrados por sicarios de un cártel de la droga en el norteño estado Tamaulipas.

Fuente: Nueva Rioja