No sólo Unión por la Patria y la izquierda se pronunciaron en contra, sino que también alzaron la voz, sobre todo en contra de la metodología, otras fuerzas, como la UCR, la CC y Cambio Federal. 

El sueño dorado del presidente Javier Milei para hacer realidad las reformas profundas de desregulación del Estado podría verse desbaratado, si la oposición logra amalgamar una mayoría que tumbe su megadecreto en el Congreso nacional.

El horizonte al que se asoma el oficialismo luce atiborrado de nubarrones y la piedra angular del programa ultrareformista de La Libertad Avanza corre serio peligro.

No solamente Unión por la Patria (primera minoría en ambas cámaras) y el Frente de Izquierda se pronunciaron en contra, una variable que ya estaba incorporada a la matriz de cálculo del Gobierno, sino que también alzaron la voz (aunque en un tono menos beligerante) en rechazo a la metodología del decreto otras fuerzas opositoras, como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Cambio Federal.

Tan sólo días atrás, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ante una pregunta de Noticias Argentinas en un brindis con periodistas parlamentarios, había asegurado que había una «muy buena predisposición» de la oposición más moderada para acompañar el rumbo del Gobierno. Las expresiones vertidas después de la cadena nacional obligan al elenco oficialista a recalcular.

Solamente sumando los votos de estas fuerzas políticas, la oposición dará jaque mate en ambas cámaras y será el certificado de defunción del «mega DNU».

En el PRO, en tanto, hay una divisoria de aguas, que preanuncia una ruptura inminente. Mientras el ala macrista, a través de diputados como Hernán Lombardi y Luciano Laspina, salió exultante a hacer apología del decreto que consagra el imperio absoluto del mercado, el exprecandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, que tiene predicamento sobre unos diez diputados del PRO, ensayó una crítica muy nítida, con más énfasis en la forma que en el contenido del DNU.

En la misma sintonía se expresó el flamante mandamás de la UCR nacional, Martín Lousteau, la mesa nacional del partido centenario y la vicepresidenta del bloque de diputados radicales, Karina Banfi.

Mientras tanto, el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, se refugia por ahora en un silencio cuasi monástico, pero no tiene margen para ir en contra de su propio partido.

Si bien ya tiene vigencia, para quedar firme el DNU deberá pasar el filtro de la comisión bicameral de Trámite Legislativo y, luego, la convalidación o no en el pleno de cada una de las dos cámaras legislativas.

Con que una de las dos cámaras apruebe con mayoría simple el dictamen, será suficiente para que el megadecreto sobreviva a las turbulencias y proyecte una nueva Argentina. La puesta en marcha del paquete de reformas implicaría un enérgico desguace del andamiaje institucional y jurídico sobre el cual se construyó el entramado social y normativo del país.

Sin embargo, la debilidad de origen de La Libertad Avanza, con una fuerza parlamentaria exigua (38 diputados y siete senadores), le podría pasar factura por primera vez al nuevo Gobierno libertario.

No le alcanza ni de cerca con su primer anillo de alianzas, constituido por el PRO y algunas figuras sueltas satélites como José Luis Espert, para perfilar la mayoría necesaria que ejecute este plan de demolición total del sistema de protecciones sociales del Estado.

Hasta el momento, únicamente el Senado logró frenar en 2020 un DNU, que había sido dictado en 2018 por el expresidente Mauricio Macri, que cargaba sobre los usuarios la compensación a las distribuidoras de gas por diferencia de cambio.

Esta vez, el apremio es mucho mayor: no hay posibilidad alguna de esperar dos años a raíz del daño que en ese lapso de tiempo podría producirse en el tejido social, sostiene el kirchnerismo. Y, desde la UCR, Cambio Federal y la Coalición Cívica están decididos a no convalidar un antecedente peligroso, en términos institucionales, de avasallamiento de la división republicana de poderes.

Más allá de la estrategia política de la oposición para no dejar pasar el DNU, por un andarivel separado actuará la Justicia.

El asunto ya está judicializado: hay acciones de amparo para frenar la aplicación del decreto y presentaciones que hacen hincapié en la inconstitucionalidad «insanable» de la norma.

El Poder Ejecutivo tiene diez días para remitir el DNU a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que deberá integrarse con ocho diputados nacionales y ocho senadores nacionales de distintos bloques, de acuerdo a un criterio de representación proporcional por sistema D´Hont.

Esta comisión es la que ejerce el papel de control de la constitucionalidad. Una vez que llegue a sus manos el decreto, tendrá diez días para expedirse y dictaminar, pero, en caso de no poder cumplir con ese cometido, el DNU quedará habilitado para su tratamiento en ambas cámaras sin dictamen.

De los 16 miembros, a La Libertad Avanza apenas le corresponderían dos miembros, de acuerdo al criterio D´Hont. Luego, podrá contar con la colaboración del PRO, pero será insuficiente.

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