Erika Figueroa, subsecretaria de RR.HH. del Ministerio de Educación provincial dijo a medios nacionales que antes «no se hacían controles» y advirtió que algunas situaciones serán investigadas por vía legal

Sigue la polémica entre los gremios y el Gobierno de Maximiliano Pullaro en torno a las licencias médicas y administrativas otorgadas a los docentes.

Según los primeros resultados de una auditoría realizada por el Ministerio de Educación provincial, siete de cada diez docentes auditados volvieron a clases.

Erika Figueroa, subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Educación provincial dijo que antes «no se hacían controles». En ese sentido, explicó: «En algunos casos, las auditorías se hacen en consultorios de salud laboral escolar. El equipo médico evalúa la cantidad de días, el proceso y los estudios que se hacen para determinar si esa licencia se debe levantar o si necesitan más días para mejorar».

Figueroa también mencionó que realizan auditorías domiciliarias para aquellos docentes con patologías específicas o al cuidado de familiares.

Hasta ahora han recorrido 33 localidades y realizado auditoría administrativa en 148 escuelas provinciales. La funcionaria remarcó: «Trabajamos sobre toda la documentación probatoria que se presenta al momento de solicitar una licencia y al momento de autorizarla en la institución escolar».

Algunas situaciones irregulares detectadas serán investigadas por vía legal. Aunque no hay detalles específicos sobre estas situaciones irregulares, Figueroa afirmó: «Algunas situaciones se investigan por la vía legal».

Si se sostiene el número de 7 de cada 10 docentes que volvieron a trabajar, el gobierno provincial estaría ahorrando una cifra considerable en reemplazos docentes. 

En su momento, el gobernador Pullaro, dijo que el año pasado se pagaron 100 mil millones de pesos por este concepto. Con este ahorro, sería posible pagar premios por presentismo a los maestros.

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