Percibirán más recursos por IVA e Ingresos Brutos, aunque deberán afrontar más costos por los subsidios a la energía. Además, el pacto establece «menos discrecionalidad» en la distribución de los fondos.

Un informe privado señaló que, por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las provincias tendrán una leve mejora en sus recursos por la mayor recaudación en el impuesto al Valor Agregado e Ingresos Brutos, aún pese a que deberán afrontar mayores subsidios al costo de la energía. Además, el acuerdo prevé que Nación reduzca las transferencias discrecionales, pero advierten que eso ya ocurre: fueron más las transferencias automáticas en el último bimestre.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings aseguró que en la propuesta de reducción de los subsidios y aumento de las tarifas eléctricas prevista en el acuerdo con el FMI que se convirtió en ley esta semana «se va a trasladar en una mayor recaudación a las provincias a través de la coparticipación del IVA y el cobro de IIBB».

En este punto, según el sitio de El Cronista, el IVA sumaría $46.000 millones e Ingresos Brutos otros $21.700 millones, a los que se sumarían $4.500 millones en relación al revalúo fiscal inmobiliario y $14.100 millones en 2023 por la coparticipación de Bienes Personales «sin contar posibles beneficios del incremento en los impuestos inmobiliarios propios de cada jurisdicción».

Sin embargo, el reporte afirma que «el efecto sería marginal, debido a su bajo peso en la recaudación de las provincias». «El recorte de los subsidios a la energía llevaría a las provincias a gastar unos $26.000 millones más», remarcaron. Igualmente estiman un «efecto positivo neto» de unos $25.700 millones.

Por otra parte, las provincias enfrentarán un escenario en el que tendrán menor preponderancia las transferencias discrecionales y mayor participación de las transferencias automáticas. Según advirtió el vicepresidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), Marcelo Capello, en el último bimestre las transferencias discrecionales se redujeron en 16,7% en términos reales, y remarcó que el acuerdo con el FMI prevé esta situación.

Esa caída, remarcó, se produjo en el marco de un crecimiento de las transferencias totales del 2,6%, con mayor crecimiento de las transferencias automáticas.

Capello explicó que igualmente, aunque el acuerdo del FMI lo prevea, «es difícil que en un país no exista algún margen para la existencia de transferencias discrecionales ante el surgimiento de circunstancias imprevistas», como fue el caso de la sequía y los incendios en Corrientes.

Por su carácter discrecional, la distribución de esos recursos dista de ser homogénea y es a la vez una fuente de reclamos cruzados entre las jurisdicciones. Por ejemplo, en 2021 representaron el 6,6% de los ingresos totales de los 24 distritos, pero en el caso de La Rioja alcanzaron al 21,6%, nueve veces más que el 2,4% de Mendoza.

Con el concepto de «transferencias discrecionales» se engloba a aquellos recursos que las provincias reciben del Gobierno Nacional, y que no se encuentran reglados por una ley que exponga criterios objetivos de distribución y por ende son decididas por los funcionarios del poder central. Por el contrario, las automáticas tienen establecidos los criterios de distribución, como la Coparticipación.

Solamente en el primer bimestre de este año, de manera discrecional se distribuyeron $8.623,6 millones por financiamiento de Cajas Previsionales provinciales no transferidas a la Nación a Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, La Pampa y Santa Fe; $6.969,9 millones por «Asistencia Financiera a Provincias» para La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero; $13.626,7 millones por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para Buenos Aires; y $6.902,7 millones por la «Reglamentación Ley N°27.606», que refiere a la transferencia de los servicios de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El total de transferencias discrecionales del primer bimestre fue de $46.197 millones, equivalentes al 5,9% del total. Para Capello, una nueva ley «debería bajar el perfil de las transferencias discrecionales, aumentando la autonomía financiera de las provincias, incrementando sus potestades de recaudar». Además, se podría «nivelar fiscalmente a las provincias en forma más racional, bajando la libre disponibilidad de las transferencias y aumentando las que tienen destino específico, dirigiéndolas a la educación, salud e infraestructura», finalizó.

Fuente: Nueva Rioja