Para alcanzar el dictamen de mayoría, el ministro de Justicia, Martín Soría promovió la incorporación de algunas propuestas sugeridas por asociaciones de fiscales y por bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón.

El despacho logró el visto bueno de la mayoría del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
El dictamen de mayoría del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que el oficialismo busca poner en consideración del plenario de Diputados suma los cambios realizados oportunamente al texto enviado por el Senado y modificaciones que se aceptaron en pos del apoyo de otros bloques legislativos de la Cámara baja.

El despacho firmado el martes último -que obtuvo 34 firmas, sobre las 30 del de Juntos por el Cambio y la rubricó la representante de Consenso Federal- contempla un abordaje más profundo de cuestiones de género, de federalismo y de defensa de los consumidores.

Para alcanzar el dictamen de mayoría, el ministro de Justicia, Martín Soría, promovió la incorporación de algunas propuestas sugeridas por asociaciones de fiscales y por bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que preside el mendocino José Ramón.

En cuanto a género, el texto que cosechó el visto bueno de la mayoría del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja a partir de lo expuesto por las fiscalas federales, propone fortalecer la perspectiva de género, que se estableció como principio general en el inciso k) del artículo 9, con modificaciones concretas:

* En los casos de vacancia, se modifica el requisito de antigüedad como fiscal general para cubrir el cargo interinamente, reduciéndolo de 10 a 5 años, ya que actualmente solo el 18 por ciento de los fiscales generales son mujeres, sin cumplir la mayoría de ellas con los 10 años de antigüedad que se proponía originalmente.

*Las ternas de los concursos deberán respetar la composición equitativa de género y que al menos uno de los casos de evaluación verse sobre la temática de género.

*En la conformación del Tribunal de Enjuiciamiento, la dupla de fiscales elegidos por sorteo deberá respetar la paridad de género. A la eliminación del requisito de ser fiscal general prevista en la media sanción del Senado, se incluye la eliminación del requisito de 10 años de antigüedad en el cargo.

*Se establece como falta grave, en forma explícita, el ejercicio de violencia o discriminación por motivos de género.

En cuanto al tema de vacancia, además de lo mencionado en cuestión de género, se propone que el procurador interino sea elegido por el Poder Ejecutivo, en base a una terna propuesta por la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación y que la permanencia en el cargo no sea superior a seis meses no prorrogables.

En cuanto al nombramiento del procurador interino, a propuesta del ministro Soria se recortaron las facultades de la Comisión Bicameral, en tanto ya no lo elige directamente, sino que eleva una terna de tres al Presidente para que lo seleccione y que además no puede permanecer más de seis meses en ese interinato.

«Se trata de una propuesta superadora, ya que respeta el esquema de designación del procurador y del defensor general, que implica precisamente la necesaria participación del Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado a través de la Comisión Bicameral», explicaron durante el debate diputados del Frente de Todos.

Sobre los concursos, se propone que la integración del jurado de los mismos vuelva a la conformación en la ley vigente, manteniendo la exigencia de selección por sorteo público.

En lo referido al Tribunal de Enjuiciamiento, se propone una composición más «moderada», con un representante del Poder Ejecutivo, dos de la Comisión Bicameral (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado según la competencia y dos fiscales elegidos por sorteo respetando la paridad de género.

En relación a la competencia del abogado, por ejemplo, si el acusado es un magistrado federal, participará un abogado de la matrícula federal, y, si el acusado, es un magistrado nacional, lo hará un abogado del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, el dictamen busca que la composición sea más federal, ya que elimina al abogado de Capital Federal cuando se trata de un fiscal federal, pero lo mantiene cuando el fiscal es nacional.

Por otro lado, se mejora la composición de género, ya que en vez de un fiscal general se proponen dos fiscales de entre todos los magistrados del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto al funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento, se propone mantener el quórum en la mayoría de sus miembros (cuatro integrantes) y modificar las mayorías para la toma de decisiones: para la toma general de decisiones, se necesitaría mayoría absoluta de los miembros, y, para la remoción de un fiscal, las dos terceras partes de los miembros.

Además, se propone que la presidencia del Tribunal se designe por sorteo, con rotación cada seis meses.

En la ley vigente, el quórum se logra con la totalidad de los miembros y se traduce en que el funcionamiento del órgano dependa de la voluntad de uno solo de sus siete integrantes, cuyo voto resulta clave para inclinar una decisión. Por eso, el Frente de Todos en sus argumentos destacó que el quórum esté dado con la mayoría de sus miembros, como prevé la media sanción del Senado.

«La propuesta superadora», según el oficialismo «es modificar las mayorías para la toma de decisiones»: para la toma general de decisiones -por ejemplo, dictar un apercibimiento o imponer una multa a algún fiscal-, se mantiene la exigencia de la mayoría absoluta de sus miembros, en tanto, para remover a un fiscal, se requerirá una mayoría agravada.

Concretamente, para la remoción de un fiscal la mayoría necesaria es de dos tercios de los miembros, por ende, de los siete miembros, se requieren cinco; y durante el debate, el Frente de Todos explicó que, de acuerdo con la ley, «los representantes del ocasional oficialismo serán dos».

En ese sentido, se pone de relieve el compromiso de la autonomía del Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a derechos de usuarios y consumidores, a propuesta del diputado Ramón, se agregó una undécima procuraduría especializada bajo el rótulo «Procuración de Defensa de Usuarios y Consumidores».