Tras que se profugara el jefe de «Los Choneros», las autoridades tomaron medidas drásticas y se investiga a dos funcionarios penitenciarios «que estarían involucrados en la fuga».

Las autoridades de Ecuador continuaban este lunes con la búsqueda de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de una de las principales bandas criminales del país, Los Choneros, encarcelado en la ciudad de Guayaquil y al parecer fugado, lo que llevó al presidente Daniel Noboa a decretar el estado de excepción por dos meses “por grave conmoción interna”.

El decreto 110 de Noboa dispone el estado de excepción “en todo el territorio nacional por grave conmoción interna, incluidos los centros de privación de libertad”, incluye un toque de queda de 23 a 5 en todo el país y ordena la movilización de las Fuerzas Armadas y su ingreso a los centros carcelarios, “para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario”.

Macías había amenazado de muerte al candidato presidencial Fernando Villavicencio pocos días antes del asesinato del aspirante, el 9 de agosto pasado, informó la Policía.

Luego de que las autoridades reconocieran que no encontraron a Fito en la cárcel regional de Guayaquil, lo que hace presumir que se fugó, se informó de un incendio y amotinamiento en la cárcel de El Inca, en Quito, y en el penal de Turi, en Cuenca, y de otros incidentes en los penales de Ambato y Riobamba.

Las autoridades, ante el riesgo de que los motines se extendieran, reforzaron la seguridad y la presencial policial en los exteriores de otros dos centros, los de Latacunga y Machala.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, explicó en una entrevista con Teleamazonas que se sospechaba que la presunta fuga de Macías habría ocurrido horas antes del operativo para trasladarlo a cárcel de máxima seguridad La Roca, ubicada en las afueras de Guayaquil, que se suponía era secreto.

«Lo más probable es que se filtró información», señaló Izurieta, quien añadió que la búsqueda de Macías continuaba y aseguró que «ese delincuente va a ser encontrado».

La fiscalía informó a través de la red social X que formuló cargos contra dos funcionarios penitenciarios «que estarían involucrados en la fuga» del jefe criminal, según la agencia AFP.

El domingo, cientos de uniformados ingresaron a un complejo penitenciario del puerto, sin que en principio se supiera la razón de esa operación, pero por la noche la Fiscalía de Estado admitió que no lograron dar con el paradero de Fito, según el diario local Primicias.

En la redada «se pudo percatar la no presencia de uno de los internos; hasta el momento (en) el lugar o en el área donde debía haber estado esta PPL (persona privada de la libertad) no se encontraba», dijo el general César Zapata ante preguntas de la prensa por la suerte de Fito.

Preso desde 2011, Macías paga una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato.

Investigaciones independientes señalan el papel clave de Los Choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.

Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narco ante la presencia de carteles extranjeros.

Las autoridades no descartan que pueda estar escondido en el mismo complejo penitenciario de Guayaquil.

Se cree que Macías, de 44 años y abogado de profesión, sigue liderando desde la prisión a Los Choneros y, así como otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro.

La última vez que se le vio fue en septiembre pasado, días después del asesinato de Villavicencio

Fito fue trasladado de prisión justo después del magnicidio, pues Villavicencio había denunciado amenazas de muerte suyas.

Entonces apareció en fotografías obeso, con pelo largo y barba prominente. Miles de uniformados lo vigilaban, en una de las operaciones militares y policiales más grandes que realizó allí el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-23).

Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones son algunas de las mayores bandas ilegales de Ecuador, que además de disputarse las grandes ciudades se pelean por el control de las cárceles.

El el penal El Inca, al norte de Quito, los bomberos debieron controlar un incendio que formó parte de un motín de presos, mientras un helicóptero sobrevoló el penal; y en la de Turi varios reos fueron vistos caminando por lo techos, y los funcionarios del centro de rehabilitación fueron evacuados.

Primicias sumó que en la cárcel de Ambato, los privados de la libertad retenían a 15 guías penitenciarios en las celdas y que los reos, que no detallaron sus pedidos, estaban también en huelga de hambre.

Finalmente, en Riobamba, se escucharon al menos siete detonaciones de explosivos dentro del centro y otros artefactos fueron lanzaron hacia la calle, lo que hizo retroceder a los policías y militares que se preparaban para entrar.

En este centro de rehabilitación está detenido Fabricio Colón Pico, acusado de planear un atentado contra la fiscal general Diana Salazar.

Como parte de su estrategia de seguridad ante la violencia del narcotráfico, Noboa anunció esta semana que construirá dos prisiones de máxima seguridad similares a la que edificó el mandatario Nayib Bukele en El Salvador y que en la actualidad está repleta de pandilleros.

Con el fin de reducir la población carcelaria, el presidente ha dicho que planea expulsar a unos 1.500 reclusos extranjeros, la mayoría originarios de Colombia, Perú y Venezuela.

Las matanzas dentro de las cárceles de Ecuador dejaron por lo menos 460 reclusos muertos desde 2021.

El decreto de Noboa declara “zona de seguridad” a los penales y “el perímetro de 1 km a su alrededor, para que la Policía y las Fuerzas Armadas realicen controles y dispongan cierres viales”, y restringe los derechos de libertad de reunión y de inviolabilidad de domicilio, «en estricta relación con los motivos del estado de excepción».

En su mensaje, subido a las redes sociales, el mandatario advirtió que se acabó el tiempo en el que el crimen organizado «le dictaban al gobierno de turno qué hacer», atribuyó el descontrol en los centros de privación de libertad a «el resultado de la decisión de enfrentarlos» y reclamó a la a mostrar respaldo hacia los uniformados.

Télam