La propuesta, además, apunta a reducir las tasas que se pagan. En su último discurso ante la cumbre de Glasgow, el Presidente insistió con su estrategia de utilizar la agenda verde en su negociación con el organismo de crédito internacional

Alberto Fernández propuso hoy ante la cumbre de cambio climático de Glasgow (COP26) utilizar los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que emite el Fondo Monetario Internacional (FMI) para establecer un Pacto de Solidaridad Ambiental que permita modificar los plazos de pago de la deuda y las tasas que se aplican.

«Es necesario aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas», indicó el mandatario en su discurso en el marco de la cumbre que comparte con los principales líderes del mundo.

«Se trata de instrumentos y decisiones importantes en las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico; y para fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo», amplió.

Alberto Fernández terminó de ajustar su discurso anoche, después de cenar con su comitiva en la brasserie Bread ST. La comitiva argentina se hospeda en el hotel Double Tree, de Edimburgo. Se levantó temprano, desayunó en la habitación con Fabiola Yañez, y pasadas las 8 (hora de Gran Bretaña), se dirigió al centro de convenciones en Glasgow en un auto eléctrico. Atrás del Presidente, en otro auto eléctrico, lo siguieron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Medio ambiente, Juan Cabandie.

En otro pasaje de su discurso, retomó la propuesta que también planteó en la cumbre del G20 en Roma sobre la necesidad de «crear mecanismos de pagos por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental».

También enumeró las acciones que tomó Argentina en materia de política ambiental, como la presentación al Parlamento de un proyecto de ley sobre electro movilidad, y anunció «medidas profundas para erradicar la deforestación ilegal, tipificándola como delito ambiental» y «un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos».

En esta línea, resaltó la importancia de «fortalecer el multilateralismo ambiental e impulsar la capitalización de los Bancos Regionales de Desarrollo», y propuso la creación de un «comité político y técnico sobre financiamiento climático, con representación equitativa de países desarrollados y países en desarrollo, que trabaje en la definición de una hoja de ruta sobre cómo movilizar los fondos necesarios, que reconozca el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que tenga en cuenta el endeudamiento y las limitaciones estructurales, así como las necesidades de bienestar social».

«Debemos comprometer aportes concretos que deben estar acompañados por medios para su implementación que nos permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono y resiliente a los impactos del cambio climático», explicó, al tiempo que advirtió que «el impacto sobre los recursos y bienes naturales comunes ha superado límites que plantean desafíos concretos que deben ser atendidos».

Así, pidió que se cumplan «los compromisos y obligaciones asumidas por las economías desarrolladas y garantizar el acceso a los 100 mil millones de dólares destinados a impulsar la acción climática».

Ayer, en su primer discurso ante la COP26, Alberto Fernández ya había sugerido que el FMI acepte canjear deuda por proyectos que respeten el medio ambiente. En esa intervención también propuso que se utilicen los Derechos Especiales de Giro (DEGs) para financiar iniciativas contra la emisión de carbono y planteó crear un comité político y técnico para dirimir qué países van a recibir créditos verdes para la defensa del medio ambiente.

El canje de deuda por proyectos ecológicos, el uso de los DEG,s y la sugerencia del G20 al FMI para que revise su política de sobrecargos, son posibles instrumentos financieros de largo aliento que exhiben una nueva mirada sobre un sistema global que cumplió su ciclo tras la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias sociales y económicas.

Fuente: Nueva Rioja