El presidente profundizó relaciones diplomáticas con los principales líderes de Europa, pero la refinanciación de la deuda de 44.000 millones de dólares sólo sucederá si hay una decisión política de la Casa Blanca

Alberto Fernández regresó, hoy, satisfecho de su gira relámpago por Italia y Gran Bretaña. Estima que robusteció sus vínculos geopolíticos con España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea.

«El G20 hizo dos recomendaciones al FMI que yo propuse hace tiempo: eso fue muy bueno y marca un camino para reformular el sistema financiero tras la pandemia», confió el Presidente en Glasgow, Escocia, en el marco de la cumbre climática COP26.

Esas iniciativas están vinculadas a la reducción de los sobrecostos y al uso de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) para apuntar la economía de los países pobres y de ingresos medios que fueron asfixiados por la pandemia del COVID-19.

El Presidente, así, encontró una fórmula política que le permite apoyar las recomendaciones del Acuerdo de París sobre cambio climático y exigir al Fondo Monetario Internacional que acepte utilizar la agenda verde para alivianar la deuda de naciones que están exiguas de reservas públicas para enfrentar futuros vencimientos.

En este sentido, Alberto Fernández exprimió cada una de sus presentaciones en el G20 de Roma y en la COP26 de Glasgow para solicitar que el FMI articule una política institucional que ate el Acuerdo de París con las necesidades financieras de los países deudores.

Esta agenda tiene respaldo de los principales países de Europa. Pedro Sánchez (España), Mario Draghi (Italia), Emmanuel Macron (Francia), Ángela Merkel (Alemania) y Boris Johnson (Gran Bretaña) se comprometieron con Alberto Fernández para que sus planteos fueran incluidos en el comunicado final del G20.

Pero ese compromiso político, que reconoce el trabajo internacional del Presidente, vale muy poco si Argentina no suma a Joseph Biden. Alberto Fernández desplegó una ofensiva en Estados Unidos para contar con su respaldo en el Fondo Monetario Internacional, y esa ofensiva hasta ahora sólo ofreció resultados contemplativos.

Es decir: la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la Secretaría del Tesoro acompañan la negociación, no bloquean los movimientos públicos de Martín Guzmán, Gustavo Béliz y Jorge Arguello en Washington y aguardan una señal del Salón Oval para acelerar las conversaciones.

El momento del sprint final con Biden, involucrado personalmente en las decisiones institucionales de Kristalina Georgieva –directora gerente del FMI-, provoca ciertos roces entre los miembros del Gabinete que responden a Alberto Fernández.

Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, sostiene que hay que involucrar cuanto antes a Biden. Y así lo planteó en una discurso para Alberto Fernández que el canciller Santiago Cafiero descartó con una rápida leída.

Béliz y Cafiero coinciden en la necesidad de incluir a Biden, pero difieren respecto al método y a la oportunidad. El borrador escrito por el Secretario de Estado instaba a la participación directa y pública de Biden, mientras que el Canciller apuesta a un protagonismo detrás del cortinado.

Alberto Fernández «tiene confianza» en su colega de los Estados Unidos, que monitorea la negociación con el FMI. Durante la reunión que mantuvo con Georgieva en Roma, a su lado se sentó Jeffrey Okamoto, dos del Fondo y representante de la Casa Blanca en el organismo multilateral de crédito.

El Presidente aún no decidió si tiene que solicitar una acción directa al líder demócrata para avanzar en la negociación con el FMI. Ya lo hizo con Sánchez, Macron, Draghi y Merkel, pero aún duda si es momento de dar ese paso estructural y definitivo con Biden.

Poco importa la ausencia de fuertes vínculos personales entre ambos mandatarios, Cafiero Arguello y Béliz tienen suficientes contactos en el Ala Oeste de la Casa Blanca para acordar una llamada telefónica o una videoconferencia que una Olivos con DC. Cualquiera de estos tres funcionarios pueden hablar con Jake Sullivan, Asesor Nacional de Seguridad de Biden, o su responsable para América Latina, Juan González, para pactar una comunicación oficial.

El Jefe de Estado, además, logró que el G20 apoyara su estrategia de unir la negociación de la deuda externa con el apoyo a las recomendaciones del Acuerdo de París para el Cambio Climático. Sin embargo, ese respaldo no implica que estos mismos países del G20 –Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, España, Italia y Gran Bretaña, por ejemplo- ratifiquen esa posición cuando se trate el Caso Argentino en el board del FMI.

El comunicado del G20 es un importante acontecimiento diplomático sin imposición soberana, mientras que la votación en el FMI significa decidir sobre 44.000 millones de dólares que Argentina tiene que saldar en los próximos tres años.

En este contexto, Alberto Fernández aun no puede asegurar que Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Japón apoyen la propuesta de Argentina de refinanciar el crédito Stand-By de 44.000 millones de dólares que obtuvo Mauricio Macri con la venia de Donald Trump.

Es más: si finalmente en la reunión del FMI en diciembre se trata la política de sobrecargos, el Presidente y su equipo de negociadores –Cafiero, Guzmán, Béliz y Arguello- todavía no tienen certeza de obtener un voto favorable. Pese al comunicado unánime del G20 de Roma.

Desde esta perspectiva, Alberto Fernández negocia caminos alternativos para evitar que la negociación con el FMI se transforme en un aquelarre. La alternativa en proceso de diseño legal y político es un perdón (waiver) del FMI a la Argentina. Ese perdón, en términos simples, significa que el Fondo concede un plazo de gracia al país para esquivar un default.

En ese plazo de gracia, Argentina tiene que definir el programa económico que sustenta la refinanciación de la deuda multimillonaria contraída por Macri. Si no hay acuerdo con el FMI, y se vence el waiver, Argentina estará en default.

Junto al eventual mecanismo de perdón que intenta consensuar con Georgieva, el Presidente avanzó un casillero en su propuesta de Pari Passu. Esta propuesta significa que si Argentina firma un crédito de Facilidades Extendidas por 10 años, y en ese lapso el FMI abre una nueva línea de crédito, el país se puede sumar si es beneficioso para su economía.

Alberto Fernández tiene intenciones de honrar la deuda, y ese interés se hace evidente a partir de sus discursos y sus reuniones bilaterales en el G20 de Roma. Sin embargo, la declaración de principios del jefe de Estado no alcanza para convencer al board del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El destino de la negociación pertenece a los Estados Unidos. No es un concepto ideológico, se trata de un hecho inevitable que pertenece al Reino de la Realpolitk: la Casa Blanca maneja casi el 17 por ciento de las acciones en el board del FMI, y sin ese número no se puede aprobar el Caso Argentino.

Entonces, todo depende de Biden. Y Biden lo sabe.

Fuente: Nueva Rioja