A partir de las 14 se pondrá a consideración, entre otros temas, el proyecto del Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios por la emergencia del Covid.

La Cámara alta vuelve a reunirse este jueves desde las 14 con un temario que incluye como cuestión principal el proyecto del Poder Ejecutivo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19.

El proyecto tuvo dictamen el miércoles de la semana pasada, y en esa oportunidad los senadores del oficialismo anticiparon su disposición a trabajar en modificaciones para conseguir sumar más voluntades para apoyar la norma. Las modificaciones fueron enviadas a la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno nacional para terminar de cerrar los principales planteos ante la iniciativa.

Según trascendió esta semana, los temas que cambiarán respecto del documento que inicialmente envió el Poder Ejecutivo son básicamente dos: la suspensión de clases y la incorporación de un plazo legal para la finalización de las restricciones. Esos cambios habían sido adelantados por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez durante el plenario de comisiones que se llevó a cabo la semana pasada y que finalizó con la firma del dictamen.

La redacción original establece que, en esos casos, se suspenden las clases presenciales y que, luego, el Poder Ejecutivo podrá discutir con los gobernadores afectados por la situación una «morigeración» de la medida. La sugerencia es invertir la situación y que cualquier medida restrictiva deba ser consensuada con los responsables distritales, previamente.

El oficialismo pretende, de ese modo, esquivar el alcance del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dejó sin aval la decisión del Gobierno nacional de ordenar la suspensión de clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los puntos que ofreció dudas desde el punto de vista constitucional fue el artículo 33, el anteúltimo del proyecto, que establece que la ley entrará en vigencia el sábado 22 de mayo y regirá «mientras se encuentre vigente la emergencia pública en materia sanitaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la Covid-19».

El borrador que se le alcanzó al Poder Ejecutivo modifica esa redacción y le incorpora un «plazo cierto» hasta el 31 de diciembre de este año.

También se eliminará del proyecto la mención a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño como «delegados» del Ejecutivo nacional y se los considerará como «agentes del Gobierno federal».

Además de este proyecto, está previsto el tratamiento de una iniciativa del jefe del bloque oficialista, José Mayans, que incorpora al régimen a la ganadería de llamas, por el cual el Poder Ejecutivo deberá asignar anualmente, mediante el Presupuesto Nacional, una suma de 850 millones de pesos para la promoción de estas actividades, por el plazo de 10 años.