Lula sancionó una ley sobre apuestas deportivas y se recaudarían más de U$S1.000 millones
La nueva ley regula las apuestas virtuales, las físicas, los eventos deportivos reales, las apuestas en línea y los eventos virtuales en los juegos en línea. El Gobierno también anunció que quiere cobrarles impuestos a los «superricos» que tienen fondos offshore o inversiones en fondos exclusivos que hoy no pagan Ganancias.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó en las últimas horas una ley que regula las empresas y usuarios de apuestas deportivas y juegos de azar por internet, una norma que, según cálculos del Gobierno, podría aumentar la recaudación en 2024 en al menos 5.000 millones de reales, equivalentes a más de 1.000 millones de dólares, pero aún debe superar un paso en el Congreso.
La nueva regulación modifica la legislación sobre apuestas deportivas a cuota fija, conocidas como «quinielas», y grava a las empresas y a los apostantes, informó este domingo la Presidencia de la Nación en su portal de noticias. Además, define normas para el funcionamiento del servicio y determina cómo se reparten los ingresos, entre otros puntos.
Las apuestas deportivas a cuota fija son aquellas en las que el apostante sabe exactamente cuál es la tasa de retorno en el momento de la apuesta y están relacionadas con eventos deportivos
La nueva ley regula las apuestas virtuales, las apuestas físicas, los eventos deportivos reales, las apuestas en línea y los eventos virtuales en los juegos en línea.
Entre las novedades que aporta la norma está el cobro del 15% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre el valor neto de los premios obtenidos en un año y siempre que estos superen los 2.100 reales (cerca de 430 dólares). Los valores inferiores pagarán un impuesto menor.
El líder del Partido de los Trabajadores (PT) vetó una sección que preveía que los premios pagados a los jugadores por valor de hasta 2.100 reales estarían exentos del impuesto sobre la renta.
La ley establece que el 88% de la recaudación se destinará al mantenimiento del operador de loterías de apuestas fijas y otros juegos de azar. El 12% restante se destinará a educación, seguridad pública, deporte, seguridad social, turismo, y para el Ministerio de Salud, para medidas de prevención, control y mitigación de los daños sociales causados por los juegos de azar.
En tanto, las empresas alcanzadas tendrán que pagar un 12% sobre su facturación.
El texto también fija los requisitos para que las empresas de apuestas por internet puedan operar en el país, entre ellos, el de contar con autorización del Ministerio de Hacienda, tener «sede y administración» en territorio brasileño, «comprobar su experiencia» en el ramo o tener entre sus socios a un brasileño.
Las empresas estarán obligadas a adoptar prácticas para combatir el lavado de activos, prevenir la manipulación de apuestas y generar incentivos para el responsable de su plataforma.
La medida fue publicada el sábado en una edición extra del boletín oficial. El proyecto había sido aprobado en la madrugada del 22 de diciembre por la Cámara de Diputados, tras las modificaciones recibidas por el Senado.
Dado que el Ejecutivo sancionó parcialmente la norma que venía del Legislativo, el texto deberá nuevamente ser votado por el Congreso y requerirá de mayoría absoluta (257 votos en la Cámara de Diputados y 41 en el Senado) para su promulgación definitiva.
En paralelo, el Gobierno anunció que quiere cobrarles impuestos a los «superricos» que tienen fondos offshore o poseen sus inversiones en fondos exclusivos que actualmente no pagan impuesto a las ganancias
El ministro de Economía, Fernando Haddad, impulsó la medida con la que el Gobierno busca aumentar la recaudación y aliviar el déficit fiscal.
El Gobierno espera recaudar en el primer año de vigor de la norma, 2024, cerca de 5.000 millones de reales (unos 1.030 millones de dólares), de acuerdo con el senador Randolfe Rodrigues, líder de la bancada oficialista en la Cámara alta.
La nueva legislación tuvo su aprobación días después del éxito político logrado con la promulgación de la reforma tributaria para cumplir con el nuevo marco fiscal para 2024 aprobado por el Congreso, y que contó con el apoyo de las fuerzas derechistas incluidas en el bloque llamado Centrao, que buscan más espacio en el Poder Ejecutivo.
En paralelo, el Gobierno anunció que quiere cobrarles impuestos a los «superricos» que tienen fondos offshore o poseen sus inversiones en fondos exclusivos que actualmente no pagan impuesto a las ganancias.
Télam