El Gobierno se comprometió ante el FMI a acelerar la segmentación de tarifas y el organismo pidió cambiar el sistema de quita de subvenciones. Cuánto pagarán hogares y comercios con el próximo reajuste

La puesta en marcha lo más rápido posible del esquema de segmentación de tarifas para reducir los subsidios fue uno de los temas que atravesó de manera central la última negociación con el Fondo Monetario Internacional, algo que quedó de manifiesto en el último informe del organismo, que veló por una aplicación más acelerada del sistema para generar un ahorro fiscal relevante este año.

El Gobierno, en ese sentido, pasó en limpio ante los técnicos del FMI que en mayo habrá un incremento de tarifas de, en promedio, entre 85 y 90% en las boletas de energía eléctrica para aquellos usuarios que no cuenten con subsidios y que paguen la totalidad del costo del servicio, ya sea porque sus ingresos califican en el escalafón Nivel 1 del esquema de segmentación o bien porque hubo titulares del servicio que olvidaron o no pudieron concretar el trámite de inscripción al formulario RASE para contar con subvención estatal.

El staff report que se dio a conocer el lunes pasado trazó una hoja de ruta de aumentos de tarifas para la energía eléctrica, que era de los dos principales servicios -junto con la distribución de gas- el que tenía un esquema más atrasado para la puesta en marcha de la quita de subsidios. El FMI le puso números concretos a cuáles deberían ser esos incrementos en las boletas desde el mes próximo, que fueron confirmados a Infobae por fuentes oficiales.

“Será fundamental mejorar la focalización de los subsidios a la energía para generar los ahorros presupuestados y lograr gradualmente la recuperación de costos. Se espera que los subsidios a la energía disminuyan al 1,5% del PBI en 2023, desde el 1,9% en 2022″, consideró el Fondo Monetario. La concreción de una poda de subsidios es uno de los elementos sobre los que se sustenta una posible mejora en el frente fiscal este año.

“Los aumentos de tarifas de energía se guiarán por el nuevo esquema de segmentación de tarifas, donde los usuarios residenciales y comerciales de altos ingresos eventualmente pagarían niveles de recuperación de costos, mientras que los aumentos de tarifas para usuarios residenciales de ingresos medios y bajos subsidiados estaría limitada por la evolución de los salarios nominales”, pasó en limpio el informe del FMI, consensuado con el Ministerio de Economía.

En ese plano, los técnicos anticiparon que en lo que reste de abril se emitirá una nueva resolución con un doble objetivo: por un lado, llevar las tarifas para los consumidores residenciales de altos ingresos, es decir, que no contarán con subsidios a sus boletas, a un incremento de entre 85 y 90 por ciento promedio.

Y, por otra parte, aumentar también desde mayo un 31 por ciento para usuarios comerciales. Para los residenciales estará en análisis a lo largo del año si es necesario un nuevo reajuste de precios, mientras que para comerciales el FMI y el Gobierno acordaron que haya subas adicionales en agosto (17 por ciento) y noviembre (7 por ciento) para así acercar el costo que pagan al precio total del servicio.

Según aseguraron fuentes oficiales a Infobae, esos porcentajes que adelantó el Fondo Monetario de incrementos de luz en mayo son certeros, y aclararon que solo correrán para la categoría Nivel 1 del esquema de segmentación, es decir, los que no cuentan con ningún tipo de cobertura de subvenciones.

Son, aproximadamente, un tercio de los usuarios totales, unos 5,2 millones de los 15,7 millones en los registros oficiales. Desde el Gobierno detallaron que para el resto de los usuarios o bien no habrá incrementos -para los Nivel 2, con la mayor protección de subsidios- o bien serán solo a partir del tope de consumo -400 megavatios-, que corresponde a los de Nivel 3, el segmento de ingresos intermedios.

A manera de ejemplo, según explicaron fuentes oficiales, con un consumo promedio, un hogar que pagó $3.500 en su boleta de luz de abril pasaría a pagar, como techo, un aumento de 120%, lo que daría unos $8.100 en mayo. Para un consumidor comercial pequeño, una boleta que le costó en abril $3.700 pasará a valer $8.500. Y ante usuarios comerciales con consumos más elevados una tarifa que haya sido de $21.000 de abril se elevaría a $47.500.

“Se prevé que los subsidios a la energía caigan en relación con los picos de 2021, pero se mantienen muy por encima de los niveles de 2019. Después de alcanzar un máximo del 2,1% del PBI en 2021, los subsidios a la energía cayeron marginalmente al 1,9% del PBI el año pasado. Se proyecta que esta tendencia continúe en 2023 respaldada por la disminución de los costos de producción y la implementación continua de un nuevo esquema de segmentación que enfoca los aumentos de tarifas en los usuarios con mayor capacidad de pago. Las estimaciones son muy sensibles a la evolución de los costos, la inflación y los esfuerzos de política”, mencionó el Fondo Monetario, que hizo en su informe una radiografía pormenorizada de la situación de los costos reales de producción de energía y cuánto de eso se paga en la boleta.

En ese sentido, el FMI alertó que en el futuro “se necesitarán más esfuerzos para converger de manera más duradera hacia la recuperación de costos”, es decir, para la cobertura del precio completo del servicio en la tarifa que paga el consumidor. Y también sugirió que el esquema de segmentación actual debería ser modificado por uno que indexe las tarifas al costo del servicio de manera automática, una discusión que promete más capítulos en los sucesivo.

“Además de las mejoras continuas del lado de la oferta, se necesitan más acciones políticas para acercar las tarifas a la recuperación de costos, mientras se protege a los más vulnerables. Se debe considerar fortalecer y simplificar la segmentación, incluso indexando automáticamente las tarifas a los costos, reemplazando el sistema actual de ajustes discrecionales ad hoc e indexación a salarios anteriores, para garantizar la coherencia con los objetivos de sostenibilidad financiera. Esto ayudará a mejorar la previsibilidad regulatoria y alentará la muy necesaria inversión en el sector”, concluyó el organismo.

Fuente: Nueva Rioja